
Si bien es cierto que Humberto Benítez, titular de la Profeco, no es responsable directo de los desplantes y abusos cometidos por su hija, Andrea, debe asumir las consecuencias y solucionar el daño que ocasionó a los propietarios y empleados del restaurante que cerró sus puertas durante dos semanas.
Como suele ocurrir en México cuando existe un caso probado de corrupción, los responsables, culpables y defenestrados de sus cargos son los funcionarios de menor rango. Así lo confirmó el asunto conocido como “Lady Profeco”.
El pasado Jueves, la Secretaría de la Función Pública (Encargada de sancionar abusos por parte de quienes representan la autoridad), exoneró a Humberto Benítez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, luego de que su hija, Andrea, ordenara una supervisión que ocasionó el cierre de un pequeño restaurante en la colonia Roma por dos semanas.
En cambio, la dependencia sancionadora, sí encontró culpables al Subprocurador de Verificación, al Director General de Verificación y Vigilancia, al Director de Procedimientos y Sanciones y al Jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco, quienes fueron suspendidos administrativamente de sus cargos.
Envalentonado, Benítez Treviño, indicó que en esos días él se encontraba incapacitado por una operación, se dijo “hombre republicano”, se deslindó de los hechos donde estuvo involucrada su hija y continuará en el cargo.
Por su parte, Gabriela López, propietaria del restaurante, logró un acuerdo con la Profeco para “disminuir el número de reservaciones e incluir en sus cartas de vino que las botellas son de 750 mililitros”, motivos que argumentaron los supervisores para clausurarlo, sanción que afectó a los 16 empleados directos y varios más indirectos.
Gracias a las redes sociales, se conoció el abuso cometido por Andrea Benítez a nombre de su padre quien, por cierto, sería mejor que renunciara del cargo porque lo acontecido en la colonia Roma no le permitirá ejercer honesta ni dignamente su trabajo.